Dr. Pablo Díaz Estévez
18 de octubre de 2021
Entre el 10 de setiembre y el 13 de octubre de este año se realizaron distintas acciones colectivas de productores familiares y asalariados rurales, colonos y aspirantes a colono en Cerro Largo, Artigas, Paysandù y Montevideo intentando incidir en la votación de la rendición de cuentas del senado.
Finalmente el día 14 de octubre por la madrugada, se le recortaron 75 de los 90 millones de dólares. Esto da continuidad a la quita (por desafectación) de entre 70 y 120 mil hectareas de colonos propietarios. A partir de su primer año este gobierno puede pasar a la historia como el que perdió un patrimonio de 100 mil hectareas, 4 veces mas tierra de colonización que los gobiernos progresistas. Pero además con la rendición de cuentas de este año el actual gobierno podría comprar 4 veces menos tierra que sus predecesores progresistas.
Con la intención de “solucionar” parte del problema de los asentamientos se crea un nuevo problema de pobreza rural y del desplazamiento de la gente de la campaña.
Para el productor familiar la tierra es un modo de vida, quizás por eso muchas veces se banca estar rodeado de arboles, o pastorear dentro de la forestación en potreros de cientos de hectáreas, o trabajando 12 horas al día, “autoexplotandose”. Una conducta política del ganadero chico que hemos estudiado en Cerro Largo sobretodo en las zonas de concentración forestal, es la adaptación (eso lo pueden leer en el Informe Numero 5 del observatorio:https://nucleodeestudiosrurales.wordpress.com/2016/12/22/informes-del-observatorio-de-politica-de-tierra/ )
Otra conducta política que hemos detectado es lo que algunos autores llaman la “resistencia”, que la definen como la oposición a la apropiación de algún recurso, por ejemplo oponerse a que la forestación se apropie del “campo” como medio de producción de la ganadería. Dentro del mismo Departamento de Cerro Largo, esta resistencia la vimos en lugares como Centurión que frenó el avance de la forestación comercial desde 2007 hasta ahora, llegando en 2019 a declarar un Àrea protegida que mantiene las medidas de ordenamiento departamental de la intendencia (eso lo pueden ver en el Informe Numero 6 del observatorio https://nucleodeestudiosrurales.wordpress.com/2016/12/22/informes-del-observatorio-de-politica-de-tierra/ ).
Pero también otra conducta política, otra toma de posición frente al acceso a la tierra, la identificamos a partir del 10 de setiembre de 2020 y del 2021 que se llevó adelante en Melo, se trata de otro tipo de resistencia no tan discreta, que es lo que se conoce como resistencia pública. O sea la movilización social que desbordó los canales institucionales para plantear un reclamo. Ya no solo piden reuniones al Directorio del INC, ni se inscriben a los pocos llamados de solicitantes de tierra, ahora salen a protestar. Levantan una demanda social autónoma ocupando el espacio público: incluyendo concentraciones frente a la oficina de colonización exponiendo los animales con los que trabaja el ganadero familiar y el desfile a caballo con caravana. Y esto lo pueden ver en el Informe numero 7 del OPT https://nucleodeestudiosrurales.wordpress.com/2021/10/13/presente-y-futuro-del-instituto-nacional-de-colonizacion/
).
Claro que tantos las conductas políticas de adaptación, resistencia discreta o estas acciones colectivas de protesta que desbordan los canales institucionales, se combinan con las preferencias electorales canalizadas a través de los espacios institucionales por excelencia que son los partidos políticos.
Porque nuestro observatorio de política de tierra, observa desde el lugar de los movimientos sociales pero no se puede tapar un ojo al mirar la política de tierra de los partidos políticos. Tampoco entendemos que las relaciones entre movimientos sociales y Estado son relaciones de suma-cero: por ejemplo pensar que si hay una marcha de protesta ya no hay gestiones institucionales, porque esa es una de las características del movimiento social “en defensa del INC” que se ha generado a nivel nacional, ha combinado la gestiones con las movilizaciones.
Me animo a arriesgar la hipótesis que el 10 de setiembre de 2021 nació en Uruguay un nuevo movimiento social “en defensa del INC” liderado por colonos, aspirantes a colonos, productores familiares y asalariados rurales, tras la bandera de Artigas y en torno a dicha fecha del Reglamento de tierras.
La composicición de este nuevo sujeto es diversa y variada, alli reside su fuerza y al mismo tiempo su debilidad. Identifico tres caudales que desembocan en la misma movilización:
- hay un cauce más cercano a las protestas nacidas el 23 de enero de 2018, también porque USU (Un Solo Uruguay) en este tema se opuso fervientemente al recorte (a diferencia de las modificaciones de la LUC al INC y del recorte de la ley de presupuesto)
-otro cauce más cercano al PIT CNT, la UNATRA(Unión Nacionoal Trabajadores Rurales y Afines), liderada por el SIPES (asalariados de las estancias) y el SUTAA (del arroz), pero con el apoyo también de asalariados rurales con tierra de Bella Unión (Dto. de Artigas).
- Y finalmente, quizás el hilo de agua más fino que los dos anteriores, pero más novedoso, un grupo de productores y asalariados rurales que no se identifican ni con el PIT CNT ni con las posturas de USU, podríamos decir que se trata de un pequeño sector con mayor independencia política no solo de estos dos grandes bloques de movilización sino también de los partidos políticos aliados a uno y otro.
Estas distintas corrientes fueron acaudaladas por la lucha en “defensa del INC”, que logró revertir la decisión del presidente de la republica de no comprar tierra. Por lo que podemos hablar de una cierta “unificación de las luchas por la tierra”, lo que le da la fortaleza a este movimiento artiguista “en defensa del INC” que atravesó los cuatro partidos políticos para minimizar el recorte de la rendición de cuentas. Pero claro, en la defensa, en la defensiva, jugando atrás, a que no les hagan tantos goles.
Pero quizas, la debilidad de este movimiento tan diverso venga por el lado de las propuestas para adelante, para el futuro, para jugar a la ofensiva, al ataque, para hacer goles jugando “adelante”. Porque no olvidemos que existen temáticas irreconciliables como la postura frente a la desmonopolización de combustibles (USU) o el referendum contra los 135 articulos de la LUC (PIT CNT) que influyen en que se corte el acaudalamiento del movimiento. Movimiento que dejó esas diferencias de lado solamente en la causa común en “defensa” del INC. Diferencias que reflejan muy distintas posturas de combinar lo público y lo privado, lo que tiene que hacer el Estado y lo que tienen que hacer las empresas privadas en el medio rural.
Tomas de posicion politica que también se reflejan en las posturas de estos bloques sociales con respecto al INC. Y que también documentamos en este informe Numero 7 a traves de las propuestas de “Acceso a la tierra” de USU y de los comunicados del PIT CNT del 2020.
Los liquidacionistas y la reforma del INC
En un articulo publicado en estos dias por Juan Romero Alvarez (uno de los creadores de opinión de lo que llamo el “liquidacionismo” junto al economista Pablo Rosseli y al operador ganadero Pablo Carrasco), en el Observador habla de armar un Plan Maestro para el INC. Ese Plan Maestro incluye su propuesta de vender tierras del INC a colonos arrendatarios por un monto de 150.000.000 de dólares.
Y uno puede desprestigiar facilmente al mensajero por ser operador inmobiliario, pero también podemos acusar recibo del mensaje y de la influencia que este mensaje está teniendo en este gobierno. No podemos olvidar que los liquidacionistas (Roselli, Ramon Alvarez y Carrasco) propusieron en febrero de 2020 redireccionar el presupuesto del INC para políticas sociales, y eso se acaba de concretar en el día de 14 de octubre de 2021.
No creo que a nadie le quepa dudas de que en este 2021 hubo una verdadera “cruzada por los fideicomiso.” No olvidemos que cada intendencia queria armar su propio fideicomiso. Pero también se crea este fideicomiso de viviendas para los asentamientos. Con el recorte de 75 de los 90 millones de dolares para compra de tierra que tenia colonización durante 15 años ese dinero de impuestos firmes son la garantía del “fideicomiso” para viviendas.
Pero también para la compra-venta de tierra se puede capitalizar un “fideicomsio”. O sea que pueden venir inversores a echar plata en esa bolsa con la esperanza y la seguridad de que sin andar atrás del cuerpo de la vaca van a cosechar mas que un ternero dentro de unos años. Especular a ganar y con poco esfuerzo
Así lo confesó textualmente Romero Alvarez en este artículo del Observador del 8 de octubre : “El mercado de bonos ahora está pidiendo bonos a largo plazo y baja tasa orientados específicamnte a resolver problemas sociales y aquí e logra por partida doble: se ayuda a colonos a volverse propietarios y se colabora con personas en malísima situación habitacional”.
Esta es una postura de combinar lo publico y lo privado, el apoyo del estado y la actividad de los apostadores de bonos: todos les prestamos la plata pero solo ellos cosechan sin trabajar. Se pasaría así de un financiamiento público de la compra de tierras para el trabajador rural a un financiamiento privado, del presupuesto público como indicador de la valoración de la sociedad para el acceso a tierra al financiamiento en función de apuestas particulares.
Recordemos que ya en 2014 se creó legalemente dicho fideicomiso en el INC (con la ley del 2014 número 19.231), cuyo artículo 1 señala: “Créase el Fondo Nacional de Colonización que se destinará a la adquisición de tierras para ser colonizadas o al fi nanciamiento de créditos obtenidos con ese destino.”. Este Fondo de tierras de hasta 100 millones de dólares, se autorizó legalmente por ley, pero no se le echó plata.
Romero Alvarez habla de 150 millones, y si fueramos a contar los recursos que entran y salen de la compra-venta de tierras a colonos arrendatarios que él propone eso daria para venderle a los colonos unas 42 mil hectaras, o sea a unos 400 colonos si calculamos en base al promedio nacional la escala de los colonos.
Y con la cuota que paguen anualmente esos colonos durante 30 años (un promedio de 11 mil dolares anuales por colono) el INC podría incorporar unas 1400 hectáreas por año. O sea podria vender 42 mil hectareas y comprar apenas 1400.
Perder 4 a 1 no es empatar
Finalmente el recorte de esta rendición de cuentas saca una canilla de fondos permanentes de dos impuestos y otorga al INC una partida excepcional que depende de lo que pase cada año. El INC no va a poder comprar la tierra que compraba con esos dos impuestos por 15 años y va a depender de lo que autorice el Poder Ejecutivo en cada uno de los proximos tres años de gobierno.
Repetimos, pasa de 90 millones seguros en el quinquenio a 15 millones de dolares supuestamente seguros para el 2022.
Sin embargo, el senador nacionalista Sergio Botana ha dicho que en los proximos tres años tienen previsto comprar tierra por 10 millones el primer año, 13 el segundo y 15 el tercer año. Eso nos da 38 millones. O sea que en vez de perder 75 millones de dolares, la promesa de Sergio Botana es que se pierdan 52 millones de dolares. Por eso algunos senadores del FA hablaban de un recorte de un 50% aproximadamente.
Los liquidacionistas han desprestigiado al INC, le han dado insumos a distintos actores políticos para que desprestigiando el accionar publico se le quiten recursos. Dentro de las críticas más duras se están concentrando las baterias en los funcionarios del INC. Pero ahora el gobierno va a tener un problema si compra tierra porque tiene que adjudicarla en menos de dos años, y para eso precisa estimular a los funcionarios a que alcancen un rendimiento que le permita adjudicarla en menos tiempo que los gobiernos anteriores.
Porque recordemos que una de las excusas (de liquidacionistas y de gobernantes e incluso diretores del INC) utilizadas para no comprar tierra era que habia un remanente de 40 mil hectáres de tierra en proceso de adjudicacion, y que hasta que no se adjudicaran no se iba a comprar mas tierra. Lejos de ser una demostracion de ineficiencia, los dos años que pasaron desde que se dejo de comprar tierra han demostrado que es un proceso normal de acondicionamiento de los campos y de selccion de colonos para ser adjudicatarios. Ahora el gobierno si compra tierra y demora mas de dos años en adjudicarla va a ser vulnerable a las críticas que él mismo realizó.
Hay que tener en cuenta que el “Plan Maestro” de Romero Alvarez que incluye venderle 42 mil hectareas a los colonos arrendatarios lleva al INC a dejar de percibir 2 millones de dólares por concepto de rentas al INC, lo que implicaría a su vez recortar los gastos operativos. Porque los arrendatarios son los que mantienen el funcionamiento y los sueldos del ente.
Sin duda que se viene una gran reforma de la Ley 11.029 del Instituto Nacional de colonización seguramente más importante que la Ley de repoblamiento de la campaña del año 2007 (Vea https://nucleodeestudiosrurales.wordpress.com/2020/02/03/por-que-se-modifico-la-ley-de-colonizacion/ ) que fue la que le abrió las porteras a los fideicomisos, a la securitización y a la desafectación de los colonos propietarios, o sea fue la que empezó a quitar responsabilidad a la sociedad uruguaya por la gente que vive y trabaja en la campaña y empezó a dejar en manos del mercado de tierras el financiamiento del INC.
