Contacto con Juan Pablo Perrachón, trabajadores de Colonización, 18 de marzo de 2020.
La Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (AFINCO) rechaza la ley de urgente consideración (LUC) por entender que “los artículos 313 y 314 modificarían la ley de colonización número 11.029” y “toman definiciones políticas de extrema relevancia respecto a la propiedad y uso de la tierra”. Los cambios propuestos en la LUC ponen en cuestión y redefinen la naturaleza del Instituto Nacional de Colonización (INC), en particular, el fin social del uso de la tierra y la población objetivo a atender con la política pública, dice el comunicado emitido por el sindicato. Denuncian que “se volcarían al mercado de tierra importantes superficies que la sociedad uruguaya resguardó por varias generaciones y que tienen valor tanto en la dimensión económica-productiva como social, ambiental, cultural y comunitaria”. Además recuerdan que “el INC cuenta con más de 600 mil hectáreas, donde más de 370 mil son propiedad del ente y se arriendan a precios razonables a familias y grupos de productores y asalariados rurales que no poseen los recursos para comprar campos. En tierras del INC se desarrollan, según datos de la institución a junio de 2019, cerca de cuatro mil proyectos productivos ya sea en modalidad de explotación familiar o asociativas”. Para hablar de todo esto, CX36 convocó al sindicato que se excusó de llegar a Radio Centenario debido a la epidemia de coronavirus, por lo que contactamos telefónicamente a Juan Carlos Perrachón, vocero de la AFINCO. Perrachón informó además que los trabajadores de Colonización se encuentran realizando paro sanitario, con guardias mínimas en el local central y el resto trabaja desde el domicilio por la emergencia sanitaria. Transcribimos esta nota que Usted puede volver a escuchar aquí:
https://archive.org/details/20200318juanpabloperrachontrabinc
Diego Martínez: Bueno, estamos recibiendo con mucho gusto a Juan Pablo Perrachón vía telefónica de los trabajadores del Instituto Nacional de Colonización (INC). Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día
Juan Pablo Perrachón: Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos.
DM: Bueno, la idea era conversar con ustedes porque hemos recibido un comunicado de la Asociación de Funcionarios de Colonización en el marco de esta Ley de Urgente Consideración, las afectaciones que tiene de acuerdo a la mirada que ustedes han señalado, pero también para ponernos un poco al tanto de cuál es la situación actual del Instituto, en qué situación está desde el punto de vista de para qué fue creado y si está cumpliendo o no con el rol que debe cumplir.
María de los Ángeles Balparda: Y primero si los afecta el coronavirus, cómo están ahí con las medidas, si trabajan en el lugar, cómo está la cosa.
JPP: Bueno, sí, arrancando por el tema de la emergencia sanitaria, a partir justamente de acciones del sindicato se logró maximizar el trabajo a distancia así que hoy estamos con guardias mínimas en el local central y el resto de los compañeros estamos trabajando desde los domicilios.
MAB: ¿Aparte del local central, qué otras dependencias hay donde se cumplen las tareas de los trabajadores?
JPP: Hay 14 regionales en todo el país, desde Bella Unión hasta Cerro Largo, Minas, así que más o menos el 50% trabajamos acá en Montevideo y el 50 % de los trabajadores están en distintos puntos del país.
DM: Bueno, y con respecto a la función del instituto, ¿ustedes creen que se está cumpliendo, que está bien el Instituto desde el punto de vista de la razón de ser del mismo?
JPP: Bueno, en los últimos años justamente se ha incrementado, comparativamente en lo que es la historia del Instituto de los 70 años, los últimos 10 años se fomentó y se puso dinero para comprar tierra, y bueno, eso incrementó la actividad y dio posibilidades de acceder a tierras a mucho más familias. Porque bueno, se vienen invirtiendo entre 20 y 25 millones de dólares anuales en compra de tierras, y bueno, eso posibilita llevar más oportunidades a la gente que tiene proyectos de vida rural, a los trabajadores y trabajadoras rurales, a los productores familiares que no tienen posibilidades ni de comprar tierras o no nacieron con tierras para heredar ¿verdad?.
DM: En su momento se cuestionó un poco al Instituto porque saltaron a la luz algunos casos, incluso con algunos políticos vinculados, de colonos que no cumplían con el perfil que en principio se pensaba deberían cumplir los colonos del Instituto.
JPP: Sí, el Instituto tiene en forma permanente una sección de inspección y un control del cumplimiento de las obligaciones, que la ley establece que son residir en el predio y trabajarlo directamente, y bueno, eso se hacen controles de rutina o mediante denuncia y como todo sistema de controles se detectan un porcentaje de casos y otros no se detectan pero se hace en forma permanente.
Y bueno, como sabemos, cuando se incumple con algunas de las obligaciones, eso pasa a un proceso judicial, si es que el incumplimiento amerita la rescisión del contrato, y bueno, eso lleva su tiempo también. Pero es un proceso continuo y que en el Instituto se ha ido dando siempre, con mayor o menor intensidad, con cambio en las metodologías, pero es una tarea de rutina, el control de las obligaciones.
Justamente es a lo que apuntan estos cambios en el borrador de la Ley de Urgente Consideración, es a cambiar esas obligaciones, y ahí es donde nosotros vemos la gravedad de la propuesta.
DM: Bien, pero en lo previo a poder tener un pedazo de tierra, ¿hay también un estudio para ver que la persona que va a hacer uso de ese bien, que en este caso sería público porque es del Instituto, sea una persona que cumpla con determinado perfil, digo gente que realmente no puede acceder a una compra de tierra, que necesita arrendarla por el Instituto?
JPP: Sí, sí, hay una sección especializada con técnicos altamente calificados y además especializados en esa tarea que entrevistan a los aspirantes en sus domicilios, en sus casas. Recorren todo el país, llegan a lugares remotos y hacen una entrevista exhaustiva, a veces es una o dos horas de entrevista donde se releva la información productiva, la información sociodemográfica. Y en base a todo ese análisis y a un montón de variables que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo demográfico se establece una especie de puntaje que es lo que da las prioridades para el acceso. Porque no nos olvidemos de que en la mayoría de los casos, para cada fracción que sale a llamado, se inscriben 8 o 10 aspirantes, y muchas veces todos tienen buen perfil. Entonces, bueno, hay que elegir.
Y bueno, uno de los aspectos que se toman en cuenta es si la gente va a residir en ese lugar, si sabe, si conoce el oficio para el que se está presentando, la actividad productiva. Si tiene un mínimo de capital también para trabajar, muchas veces en la producción se necesita un capital de arranque como para poder hacer viable el negocio.
MAB: Claro, ustedes ponen en la comunicación que hicieron pública por supuesto el posicionamiento sobre algunos aspectos negativos que están contemplados en la Ley de Urgente Consideración que tienen que ver con Colonización.
Pero también es muy importante que ponen los datos para saber cuál es la realidad actual, porque pareciera como que en general la población no cuenta con datos, no sabe de qué dimensión es lo que maneja Colonización y son más de 600 mil hectáreas las que tiene Colonización.
JPP: Sí, justamente, son 600 mil hectáreas afectadas a la ley, ahí hay un concepto bastante complejo…
MAB: Eso te iba a pedir, que explicaras un poco.
JPP: Sí, es un concepto bastante complejo y que no se conoce mucho, porque el Instituto instauró un régimen de propiedad privada pero afectado al interés colectivo. Es decir, si bien se les vendió en la historia del Instituto las tierras a muchos colonos a plazo, y se les escritura a nombre de esas personas, esa propiedad está limitada. Es decir, no se lo pueden vender a cualquiera, necesitan una autorización del Instituto para vender esas tierras, ni se lo pueden arrendar a cualquiera, necesitan también una autorización para arrendar. Y a su vez deben cumplir con la obligación de trabajo directo y residencia en el predio.
Es decir, por más propietario que sea, no se pueden ir del predio.
MAB: ¿Pero la tierra sigue siendo pública, sigue siendo del Estado?
JPP: No, no, la tierra es propiedad privada, pero es una propiedad con condiciones, por eso es tan difícil de entender, porque acá el concepto de propiedad privada es esto es mío, hago lo que quiero.
En el 48 el legislador dijo no, la tierra es un bien social, y si bien puede ser beneficioso que la persona la adquiera y la compre, no para hacer lo que quiera sino en el marco de un objetivo de desarrollo rural.
En ese marco se le pusieron condiciones, es decir, esto es tuyo pero tu obligación es residir en el predio, trabajarlo directamente y en el caso de que lo quieras arrendar, previa autorización del Instituto. En el caso que lo quieras vender, previa autorización.
Entonces, la persona quiere vender su predio, tiene que presentar al comprador al Instituto, nosotros lo estudiamos…
MAB: Para ver qué es lo que van a hacer ahí.
JPP: Y para ver si es un perfil de una persona que va a ir a vivir y a trabajar ahí.
Es decir, si el tipo presenta un comprador que es una sociedad anónima, le decimos que no y no se lo puede vender. Entonces eso resguarda esas tierras del mercado especulativo.
MAB: Claro.
De esas 600 mil hectáreas, más de 370 mil sí son propiedad de Colonización…
JPP: Ahí va, esas 370 mil sí son propiedad del Instituto y el Instituto se las arrienda a los colonos. Las otras hectáreas están en este régimen de propiedad afectada o propiedad limitada por los intereses comunes.
MAB: ¿Y cuál es la razón? No sé de qué época es que se separa esto, una parte es del ente y otra se vende con condiciones…
JPP: No, eso siempre fue.
MAB: Ahí está. ¿Cuál fue la fundamentación? ¿Por qué poner algunas a la venta y otras mantenerlas como del ente?
JPP: El tema es que el INC surge de la sección fomento rural del Banco Hipotecario. Entonces, el Banco Hipotecario, su principal negocio como es hoy con la vivienda era vender terrenos a plazo, es decir, posibilitar el acceso pero a la compra, con muy bajo interés y a muy largo plazo le permitía a la gente comprar su terreno.
¿Qué pasó? Con el tiempo, cuando el Instituto fue comprando más tierras y la ley ya preveía que las tierras se podían entregar en propiedad o en arrendamiento, y la tierra también empezó a subir de valor, empezó a generalizarse la modalidad de arrendamiento, porque eso le significaba una erogación menor al colono.
Aparte la renta que cobra el Instituto no la decide por lo que se cobra en el mercado sino que se decide por una paramétrica en función de los precios de los productos que se producen en función de la productividad de la tierra. Y bueno, eso generó que se fuese generalizando el arrendamiento.
Que visto hoy nosotros desde el sindicato creemos que venderles la tierra a los colonos no es una buena política porque justamente es muy difícil de entender para la gente este concepto de propiedad afectada al interés común.
Entonces, una vez que la gente compra se desentiende de las obligaciones, pasa muchas veces por más que esté en la ley y eso genera un trabajo de inspección y de corrección, de intimaciones que es difícil de llevar a los objetivos de la ley. Mientras que la gente cuando arrienda como que entiende más que, bueno, esto no es mío, si me dicen que tengo que vivir acá y trabajar, lo hago. Como que lo acepta mejor.
Y eso es por el concepto de propiedad privada tan arraigado que hay en la sociedad, y esta idea de propiedad afectada es difícil de hacer carne por toda la sociedad, porque es una idea muy de avanzada.
DM: Bien.
Y estas 120 mil hectáreas que ustedes denuncian en el 314 de la Ley de Urgente Consideración que volverían al mercado, ¿en qué paquete estaría, en las que están en proceso de compra por parte de privados o en las que son propiedad del Estado que están arrendadas a colonos?.
JPP: No, no, esas 120 mil hectáreas son propiedad de colonos, pero al día de hoy son propiedad afectada, es decir, necesitan autorizaciones para venderse o arrendarse. Si se aprueba el 314 en la Ley de Urgente Consideración, esas 120 mil hectáreas pasarían.
DM: Quedan como libres…
JPP: Quedarían libres, serían tierra privada del mercado común y corriente y ya no se necesitaría autorización del Instituto para vender. Y tampoco los dueños tendrían la obligación de residir y trabajar en ella como sí la tienen hoy.
DM: Bien.
Sé que en estos momentos no deben ser muy fáciles para resolver reuniones, para resolver juntar a los trabajadores, ¿pero qué piensan hacer con esta, más allá del comunicado, más allá de brindar su opinión a la opinión pública, hay alguna alternativa que tengan, algún pedido expreso hacia las autoridades del Instituto de reunión o de que cambien estos artículos dentro de la ley?.
JPP: Sí, recordemos que las autoridades actuales del Instituto son las mismas que venían, no han cambiado todavía con el nuevo gobierno. Y en eso hay un comunicado del Directorio, en la misma línea que el sindicato, rechazando los artículos propuestos en la Ley de Urgencia.
Nosotros desde el sindicato hemos mantenido reuniones con los parlamentarios sí recientemente asumidos de todos los partidos, tanto de la oposición como de la coalición en el gobierno, justamente manifestándole esta preocupación porque el artículo 313 elimina la obligación de trabajo directo y la sustituye por la difusa obligación de supervisión y dirección.
Entonces, eso nosotros creemos que apunta y va al corazón del espíritu de la ley ¿no?
Porque si la tierra deja de ser para el que la trabaja y pasa a ser para el que la gestiona y/o supervisa, el perfil cambia diametralmente de las personas que estaríamos beneficiando con la ley. Saldríamos del conjunto de trabajadores y pasaríamos a un estrato más empresarial.
Entonces nosotros hicimos esas reuniones con varios legisladores de distintos partidos y hemos tenido muy buena receptividad, sobre todo porque es un tema que no se conoce, pero en el momento en que se empieza a explicar cuál es la idea de la ley, cómo se trabaja, cómo se hace, enseguida los legisladores entienden que este tipo de cambios no tienen lugar, o por lo menos algunos de ellos.
Así que nuestra apuesta está ahí, a trabajar con los legisladores. Todavía no sabemos si en el proyecto definitivo que se iba a presentar el lunes estos artículos siguen estando, porque nosotros este trabajo de visita a los legisladores lo hicimos en estos días pasados, desde febrero, desde que se presentó el borrador. Y bueno, como ya te digo, hemos tenido buena receptividad.
Y la idea es trabajar también en conjunto con otros sindicatos, hemos estado en contacto con los sindicatos de trabajadores rurales, los sindicatos de trabajadores del arroz, de peones ganaderos, con grupos de productores familiares, Comisión Nacional de Fomento Rural, y la idea es justamente armar un frente de trabajadores y en cierta forma de usuarios y defensores del espíritu de la ley de colonización que haga tomar consciencia a los legisladores de que estos cambios no son buenos y que apuntan en un sentido en cierta forma de la privatización y de la mercantilización de un bien social como es la tierra.
En este caso un porcentaje pequeño pero que está resguardado para una política pública para los trabajadores rurales, para los productores familiares que en cierta forma pretende defender esa tierra de la especulación de las multinacionales y de los empresarios con sólo fines de lucro.
DM: Bien.
¿Tienen alguna pista de quiénes van a ser los nuevos integrantes de la Dirección del Instituto?.
JPP: No, ninguna todavía, ninguna, no hay nombres, no se enviaron las venias ni siquiera del presidente al Parlamento en esta tanda de venias que se votó en estos días.
DM: De las empresas públicas.
JPP: Se mandó una tanda de venias de presidentes de empresas públicas y el Instituto quedó afuera así que no sabemos quiénes van a ser los futuros directores, por ahora sigue el Directorio que venía en el gobierno anterior. Y bueno, y por ahora seguimos trabajando en la misma línea que veníamos, con este impás sanitario pero trabajando en esa línea y también comprando tierras porque el presupuesto 2020 está aprobado y se siguen comprando tierras.
El anuncio del nuevo gobierno, del gobierno que asumió el 1º de marzo, es que se van a suspender las compras de tierras, incluso se plantea la venta de fracciones a los colonos lo que nosotros también nos oponemos por lo que ya te explicaba, es mucho más fácil cumplir con los objetivos cuando se le arrienda la tierra al colono a un precio razonable que le permite vivir bien, que cuando se le vende.
Aparte que es una pérdida de patrimonio público venderlo.
MAB: Claro.
No sé cómo lo ven ustedes pero pareciera, en este tema y en otros que se pueden definir como estructurales, lo que sostienen el cómo es el Uruguay desde hace muchos años, por qué llegó a tener un Instituto de Colonización, para qué sirve, qué es lo positivo. Como que eso está lejos del conocimiento de la población en general, como que ha ido pasando el tiempo, y como siempre estuvo, es como que nadie se pregunta mucho el por qué no le ve los beneficios. Digo de la población en general, pareciera que falta una labor en ese sentido ¿no?.
JPP: Sí, sí, eso es clave, hacer conocer el rol del Instituto es clave. Bueno, tenemos un país altamente urbanizado, muchas veces vive de espaldas al campo, de espaldas a la población rural, pero bueno, nosotros intentamos justamente a través de estos comunicados, con el apoyo de ustedes los medios de comunicación, tratar de difundir lo que es la importancia del rol del Instituto en preservar y en dar oportunidades de trabajo y de trabajo autónomo porque, bueno, la gente que accede a tierras del Instituto en muchos casos dejan de ser empleados, dejan de ser peones y se transforman en productores familiares. Es decir, se transforman en sus propios patrones, junto con la familia trabajan y desarrollan su proyecto de vida. Que justamente, no es solamente un proyecto de ingreso, no es un proyecto solamente empresarial sino que justamente es un proyecto de vida, de generación de trama social en el medio rural, empiezan a ir más gurises a la escuela, se empiezan a generar vínculos sociales que dan una campaña con población, una campaña donde se puede reproducir las cultura rural, reproducir costumbres, reproducir formas de vivir. El tema del cuidado de los recursos naturales también es de extrema importancia, cuando la gente vive va a cuidar más su cañada, va a cuidar su suelo, la fauna, cuando está ahí, cuando es parte de ese paisaje que si tomamos la tierra como un recurso más de producción, como si fuese una máquina de hacer chorizos y lo único que miramos es el número final de la rentabilidad ¿verdad?.
MAB: Sí, sí, exactamente.
DM: Bien, obviamente que hay infinidad de temas que podríamos conversar con ustedes sobre cómo está trabajada la tierra hoy en relación a otros años, qué cambios sienten ustedes que ha habido en cuanto a la producción, en cuanto al tipo de producto que hoy se está sacando de nuestra tierra, pero bueno, por esta vez, para hablar específicamente de lo que tenía que ver con el comunicado, y además por hacerla a través del teléfono, si te parece dejamos pendiente esa otra charla un poco más profunda para más adelante…
JPP: Sí, claro, nosotros estamos a las órdenes para difundir el rol del Instituto y todo lo que hacemos cuando ustedes lo dispongan. Y bueno, cuando pase esta emergencia sanitaria podremos estar por ahí por el estudio
MAB: Claro, ahí está.
DM: Muy bien, Juan Pablo, te agradecemos mucho entonces estos minutos.
JPP: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir nuestra posición.
