Dijo que recibió la casa en «iguales condiciones que mis antecesores», añadiendo «todos alhajamos la vivienda con nuestro propio mobiliario«
Por estos días cobró notoriedad pública el llamado efectuado para la compra de muebles para alhajar la casa de la nueva administradora de la estancia presidencial de Anchorena, y su posterior resolución de dejar sin efecto dicho llamado.
Algunas declaraciones de actores políticos se prestan para la confusión respecto a lo ocurrido con el alhajamiento de dicha casa y su anterior morador, lo que llevó a que @gesor mantuviera contacto con quien estuviera como administrador, el sorianense Mario Humberto Vera Díaz, quien además se desempeña como colono desde hace años y estuvo al frente de la estancia presidencial en la parte de producción del establecimiento presidencial desde el 2013 al 2019, y particularmente nos referiremos en la nota al período que se inició en 2015 bajo la presidencia del dr. Tabaré Vázquez, en que ocupó la casa, ya que anteriormente no se alojaba allí.
Al respecto, Mario Vera comenzó señalando que «a raíz de los trascendidos de prensa y redes sociales, surgidos a consecuencia de la compra de mobiliario para la Estancia Presidencial de Anchorena, para alhajar la casa de la nueva administradora, que proyectó Presidencia de la República; quiero realizar algunas puntualizaciones para aclarar la situación».
Vera, quien fue administrador por el periodo 2013-2019, recordó «ocupé la casa de la administración a partir del año 2015, en el período del Dr. Tabaré Vázquez, anteriormente me alojaba en los apartamentos de servicio de la residencia presidencial».
Dijo que recibió la casa en cuestión, «en las mismas condiciones que la recibieron mis antecesores administradores desde el año 1967, Señores Oficiales del Ejército Nacional. Hasta donde tengo conocimiento, todos los administradores que me antecedieron alhajaron la vivienda con su propio mobiliario y en mi caso, que debo decir fui el primer administrador civil en la historia del establecimiento, no fue la excepción».
Al momento de ocupar la casa, indicó Vera, «los muebles existentes en la misma consistían en: una mesita de cocina de madera, un freezer, una cocina a gas, una heladera con freezer, un calefón de 40 litros, y un aire acondicionado sin funcionar».
En el último año y medio de la administración, «se incorporaron además 3 sillones tapizados en paño rojo, procedentes de los depósitos de los muebles en desuso de Torre Ejecutiva».
Respecto de los muebles mencionados, Vera sostuvo «quedaron en la Estancia Presidencial al momento de terminar mi gestión».
El resto del mobiliario que alhajaba la casa, «como lo dije, era propiedad mía, y como corresponde al momento de retirarme los llevé conmigo». Las autoridades civiles y militares (Señores Generales Jefes de Casa Militar, Señores Oficiales Edecanes del Señor Presidente de las Tres Armas, Señor Director General de Presidencia, Señor Jefe de Contaduría de Presidencia, Señor Jefe de Personal de Torre Ejecutiva, Señor Jefe de Policía del Departamento de Colonia, Miembros de la Custodia Presidencial, entre otros), hizo referencia Vera, «que por distintas razones visitaron la casa que yo ocupaba, pueden dar fe de la austeridad que caracterizaba al mobiliario allí existente.
Las alusiones a mi persona en diversos medios de prensa y reiterados en redes sociales, que según los propios medios se obtienen de “… fuentes de Presidencia …”, en cuanto a que “el anterior administrador se llevó todos los muebles”, son potencialmente ofensivos del honor y la rectitud de una persona, ya que da a entender que los muebles que se llevó el administrador pertenecían al erario público y este en una actitud ilícita se los apropió».
Vera sostuvo que «la personalidad moral del hombre y su reputación puede verse afectada, ante manifestaciones públicas donde se atribuye a una persona un hecho determinado de carácter delictivo, irregular o inmoral, con capacidad suficiente para exponerlo al odio o desprecio público, o que diera lugar a un procedimiento penal o disciplinario, y ello sin lugar a dudas constituye un hecho ilícito.
El Estado tiene la obligación de proteger la personalidad moral del hombre, contra el que ofenda su reputación, atribuyéndole públicamente un hecho determinado, delictuoso, irregular o inmoral».
Mario Vera indicó que «hiere profundamente, que estos trascendidos tengan su fuente en Presidencia de la República, quienes cuentan con todo la información necesaria para advertir la falsedad de lo dicho, o aclarar la poco feliz forma de comunicación surgida de fuentes de Presidencia, y evitar que esto continúe publicándose en un sentido que genera el convencimiento en la opinión pública de que estamos ante un hecho delictivo.
Espero que dicho asunto sea aclarado prontamente por las mismas fuentes que le dieron origen», concluyó.
